La obra tiene calendario
En el sur, la primera pregunta no es cuánto cuesta: es cuándo se puede entrar. Un apartamento en explotación turística tiene ocupación alta en invierno europeo, y cada semana de obra en temporada son noches que no se venden.
Lo que funciona es definir la ventana de disponibilidad primero y planificar la obra dentro de ella, con más equipo si hace falta para comprimir el plazo. Es más caro por semana y más barato en total.
El salitre no es una molestia, es una patología
La brisa marina transporta cloruros que penetran en el mortero y en el hormigón. Cuando alcanzan la armadura, el acero se corroe, aumenta de volumen y revienta el recubrimiento desde dentro. Para cuando aparece la mancha de óxido en la fachada o en el techo del balcón, el proceso lleva años en marcha.
- Pintar encima sin sanear no detiene la corrosión: la tapa.
- El saneado exige picar hasta soporte sano, tratar la armadura y reponer con mortero de reparación.
- Carpintería y herrajes en primera línea deben elegirse pensando en la exposición, no solo en el precio.
- Los barandales metálicos de terraza son el punto donde antes se ve el problema.
Quién decide qué
En un complejo turístico rara vez decides solo. Además de la comunidad de propietarios habitual, puede existir una comunidad o empresa de explotación con sus propias normas sobre qué se puede modificar, qué acabados deben mantenerse homogéneos y en qué horarios se puede trabajar.
Antes de encargar materiales, conviene tener por escrito qué permite la explotación. Cambiar el criterio a mitad de obra es lo que más presupuestos rompe en el sur.
Normativa turística
Los establecimientos alojativos turísticos en Canarias están sujetos a requisitos de calidad y renovación propios, distintos de los de una vivienda particular, y afectan a cosas tan concretas como superficies mínimas, equipamiento y accesibilidad.
La normativa se actualiza y no conviene guiarse por lo que hizo el vecino hace cinco años. Antes de proyectar, verifica el régimen aplicable con el ayuntamiento y con el Gobierno de Canarias, y si el inmueble está en explotación, con la propia empresa explotadora.